La emergencia en Chubut y el ajuste que debilita la respuesta

POSADAS, MISIONES. La provincia de Chubut enfrenta una crítica situación ambiental con el avance de un voraz incendio en el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras más de 300 brigadistas combaten las llamas en un terreno de difícil acceso, la emergencia ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema de respuesta nacional, debilitado por un severo ajuste presupuestario implementado por el Gobierno Nacional que afecta directamente al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El incendio, que se inició a finales de enero en la zona del arroyo Centinela y se presume fue intencional, ya ha devastado más de 8.000 hectáreas de bosque nativo, incluyendo especies milenarias como alerces y coihues. La magnitud del desastre ha requerido un despliegue masivo de recursos, pero la asistencia por parte de la Nación, según denuncian autoridades locales y personal en el terreno, llega con demoras y resulta insuficiente para contener la expansión del fuego, que se ve favorecido por las condiciones climáticas de viento y altas temperaturas.

En el centro de la controversia se encuentra la drástica reducción de los fondos destinados a la lucha contra incendios. Informes de organizaciones ambientales y análisis presupuestarios indican que, si bien rige una prórroga del presupuesto 2023, la ejecución de las partidas para el SNMF ha sufrido una parálisis casi total en los primeros meses de 2024. Esto, sumado al efecto de la inflación, se traduce en una caída del presupuesto real superior al 70%, comprometiendo la operatividad de todo el sistema.

Este recorte impacta directamente en áreas clave: desde el mantenimiento de vehículos y equipos hasta la compra de combustible para los aviones y helicópteros hidrantes, pasando por la disponibilidad de personal. Fuentes del sector advierten que la falta de fondos pone en riesgo la continuidad de los contratos de cientos de brigadistas y personal técnico, pilares fundamentales en la primera línea de combate contra el fuego.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha sido una de las voces críticas respecto a la respuesta nacional. Si bien agradeció el envío de personal y algunos recursos aéreos, ha señalado la necesidad de una mayor celeridad y un compromiso más robusto por parte de las autoridades nacionales. En declaraciones a medios locales, el mandatario provincial expresó su preocupación:

“Necesitamos una respuesta más ágil y con mayores recursos por parte de Nación. Los brigadistas están haciendo un trabajo heroico, pero no alcanza si no contamos con el respaldo logístico y financiero adecuado para una emergencia de esta escala”.

El Sistema Nacional de Manejo del Fuego, creado por la Ley 26.815, es el organismo encargado de coordinar los recursos humanos, técnicos y financieros para la lucha contra incendios rurales y forestales en todo el país. Su función es crucial para complementar las capacidades de las provincias, especialmente en desastres que superan la escala local, como el que actualmente afecta a la Patagonia. La desfinanciación del sistema no solo afecta a Chubut, sino que enciende una alarma para el resto de las provincias, especialmente en un contexto de cambio climático que agudiza la frecuencia e intensidad de los eventos extremos.

Desde el Gobierno Nacional, el discurso se ha centrado en la necesidad de una profunda austeridad fiscal en todas las áreas del Estado. Si bien no ha habido un pronunciamiento oficial detallado sobre el recorte específico al SNMF, la política general apunta a una reducción del gasto público. Sin embargo, expertos en gestión de riesgos y ambiente argumentan que la prevención y el combate de incendios no deben ser considerados un gasto, sino una inversión estratégica para proteger el patrimonio natural, la seguridad de las comunidades y la economía regional, a menudo dependiente del turismo y los recursos naturales.

La situación en Los Alerces es un dramático recordatorio de la importancia de contar con un sistema de emergencias robusto y bien financiado. Mientras los brigadistas continúan su labor incansable en la montaña, la discusión sobre las prioridades presupuestarias y el rol del Estado en la protección ambiental cobra una urgencia ineludible. El futuro de los bosques patagónicos y la capacidad del país para enfrentar futuras crisis dependen, en gran medida, de las decisiones que se tomen hoy en los despachos de Buenos Aires.